La pensión pública en España es una prestación económica periódica que garantiza a los trabajadores que han cotizado a la Seguridad Social sustituir, total o parcialmente, su renta laboral al alcanzar la edad de jubilación o, en determinados supuestos, por incapacidad o viudedad. Se encuadra en el régimen contributivo de la Seguridad Social y forma parte del sistema público de pensiones, cuyo objetivo es proporcionar un nivel mínimo de ingresos protegido frente a la pérdida de capacidad de trabajo.
Su financiación sigue el principio de reparto (“pay-as-you-go”): las cotizaciones sociales de los trabajadores y empleadores que se generan en cada momento sirven para pagar las pensiones de los jubilados actuales. Junto al régimen contributivo existe un régimen no contributivo, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, que cubre a personas sin suficientes ingresos y con escaso o nulo historial de cotización.
El cálculo de la pensión contributiva depende de varios factores: la base reguladora —media de las bases de cotización de los últimos años (25 años a partir de 2022) ponderada según la normativa—, el número de años cotizados y los coeficientes de porcentaje de la base (que van creciendo con el periodo de contribución hasta un tope del 100 %). Es necesario haber cotizado al menos 15 años, de los cuales 2 deben estar en los últimos 15 previos a la jubilación, y la edad legal de retiro está subiendo gradualmente de los 65 a los 67 años para quienes no acrediten un mínimo de 38 años y seis meses cotizados.
La sostenibilidad y el poder adquisitivo de las pensiones públicas son cuestiones centrales en el debate social y político. Para preservar el equilibrio financiero del sistema se aplican mecanismos de revisión periódica (índice de revalorización vinculado al IPC), así como reformas a medio plazo que ajusten la edad de jubilación, los años de cómputo o el factor de sostenibilidad, buscando garantizar unas pensiones dignas para las generaciones presentes y futuras.
